No sé cómo
estarán evaluando los últimos acontecimientos en los predios presidenciales de
Zapote o de Villarreal. En sus declaraciones públicas, la Presidenta y sus
ministros de la presidencia y de comunicación tratan de restarles importancia.
Pero si nos concentramos en el lenguaje no verbal, es decir, en la tensión de
los rostros, en los ceños fruncidos y en la dureza de las miradas, nos
atreveríamos a decir que reflejan tensión, molestia, frustración e impotencia.
Como si la situación se les hubiera ido de las manos.
El país no está
bien. Está enredado. Hay una acumulación de problemas de todo tipo, para los
cuales no hay respuesta o la respuesta es tardía. No defiendo los excesos de la
protesta de los motociclistas, pero su caso es un ejemplo de ineficacia
institucional. El problema se desencadenó hace más de un año. Hubo tiempo
suficiente para solucionar la desproporción en el pago del marchamo. Sin
embargo, el año pasó y con el pase de bola institucional finalmente no se llegó
a nada. Necesariamente la protesta callejera tenía que aflorar.
Algo similar
sucedió con el Hospital de Grecia. ¿Desde cuándo los asegurados de ese cantón
han venido señalando las insuficiencias y la necesidad de una acción decidida
de las autoridades de la Caja? Hasta que se vinieron a San José y marcharon por
la avenida segunda, con el apoyo de otros grupos, en una acción de protesta
innecesariamente reprimida por la violencia policial, la Caja actuó. Muchos
otros ejemplos similares pueden darse.
En general la
gente no sale a las calles porque les gusta hacerlo o porque quiere incomodar a
transeúntes y personas que se movilizan en vehículos. Lo hace porque no obtiene
respuestas oportunas y adecuadas a sus demandas. Lo preocupante es que, como
solamente así se les oye, el mecanismo de la protesta callejera tiende a
“institucionalizarse”. En otras palabras, que empieza a ser visto como la única
manera de recibir la atención que solicitan de instituciones y jerarcas. De
acuerdo con una encuesta del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la
Universidad de Costa Rica, una mayoría considera la protesta callejera como “un
acto legítimo de la democracia”.
Planteado así el
cuadro, no puede dejar de preocupar la respuesta del gobierno. Por un lado la
Presidenta se deja decir que se trata de un fenómeno internacional, provocado
en parte por las redes sociales, al cual no hay que tenerle miedo (ver Diario
Extra del 22 de noviembre). Nos damos por enterados: hay permiso presidencial
para seguir marchando. ¡Bonita manera de evadir el análisis de sus causas
reales en Costa Rica y de minimizar su importancia!
Como las redes
sociales parecen ser la causa de la protesta, para el próximo año el gobierno
va a gastar 220 millones de colones para refutar lo que ahí se diga, lo mismo
que en los espacios de opinión. ¿También para acusaciones en los tribunales?
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