martes, 4 de diciembre de 2012

Un país enredado



No sé cómo estarán evaluando los últimos acontecimientos en los predios presidenciales de Zapote o de Villarreal. En sus declaraciones públicas, la Presidenta y sus ministros de la presidencia y de comunicación tratan de restarles importancia. Pero si nos concentramos en el lenguaje no verbal, es decir, en la tensión de los rostros, en los ceños fruncidos y en la dureza de las miradas, nos atreveríamos a decir que reflejan tensión, molestia, frustración e impotencia. Como si la situación se les hubiera ido de las manos.

El país no está bien. Está enredado. Hay una acumulación de problemas de todo tipo, para los cuales no hay respuesta o la respuesta es tardía. No defiendo los excesos de la protesta de los motociclistas, pero su caso es un ejemplo de ineficacia institucional. El problema se desencadenó hace más de un año. Hubo tiempo suficiente para solucionar la desproporción en el pago del marchamo. Sin embargo, el año pasó y con el pase de bola institucional finalmente no se llegó a nada. Necesariamente la protesta callejera tenía que aflorar.

Algo similar sucedió con el Hospital de Grecia. ¿Desde cuándo los asegurados de ese cantón han venido señalando las insuficiencias y la necesidad de una acción decidida de las autoridades de la Caja? Hasta que se vinieron a San José y marcharon por la avenida segunda, con el apoyo de otros grupos, en una acción de protesta innecesariamente reprimida por la violencia policial, la Caja actuó. Muchos otros ejemplos similares pueden darse.

En general la gente no sale a las calles porque les gusta hacerlo o porque quiere incomodar a transeúntes y personas que se movilizan en vehículos. Lo hace porque no obtiene respuestas oportunas y adecuadas a sus demandas. Lo preocupante es que, como solamente así se les oye, el mecanismo de la protesta callejera tiende a “institucionalizarse”. En otras palabras, que empieza a ser visto como la única manera de recibir la atención que solicitan de instituciones y jerarcas. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, una mayoría considera la protesta callejera como “un acto legítimo de la democracia”.

Planteado así el cuadro, no puede dejar de preocupar la respuesta del gobierno. Por un lado la Presidenta se deja decir que se trata de un fenómeno internacional, provocado en parte por las redes sociales, al cual no hay que tenerle miedo (ver Diario Extra del 22 de noviembre). Nos damos por enterados: hay permiso presidencial para seguir marchando. ¡Bonita manera de evadir el análisis de sus causas reales en Costa Rica y de minimizar su importancia!

Como las redes sociales parecen ser la causa de la protesta, para el próximo año el gobierno va a gastar 220 millones de colones para refutar lo que ahí se diga, lo mismo que en los espacios de opinión. ¿También para acusaciones en los tribunales?

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