¿Los trapos sucios se lavan adentro?

Una desafortunada salida del director general del Hospital Nacional de Niños, motivada por informaciones publicadas por un matutino sobre problemas en el área de cirugías cardíacas, resulta ser, sin embargo, una contribución importante al debate sobre transparencia y rendición de cuentas de la institucionalidad pública.

Porque, seguramente, al igual que este funcionario, muchos otros pensarán lo mismo: que los problemas, las diferencias de criterio y los errores se discuten y se resuelven en casa o, lo que es lo mismo, que los chuicas sucios se lavan adentro, como se dice popularmente. Pero las instituciones públicas, llámense ministerios, instituciones autónomas, juzgados u hospitales, no son precisamente familias ni entes privados que responden a intereses particulares. Son instituciones públicas que deben estar sujetas al escrutinio directo o indirecto de la ciudadanía, no solo porque son financiadas por el conjunto de la población del país, sino, porque, fundamentalmente, de sus decisiones buenas o malas, depende en mucho el destino de esta sociedad.

Aquí no vale el escudo protector de la técnica o del conocimiento especializado, muy usado para mantener la opacidad en las decisiones. Alegar que no es conveniente discutir decisiones y políticas institucionales públicamente, porque la mayoría de las personas carece de información o de formación y, por tanto, no está en capacidad de entender, y puede ser fácilmente manipulada, es una mala escusa para justificar un ocultamiento que favorece la irresponsabilidad institucional. El hermetismo que caracteriza a algunas instituciones no va con la democracia ni con los tiempos, porque hoy en día mucha información y muchos documentos pueden ser conseguidos con relativa facilidad a través de internet.

Si la ciudadana y el ciudadano de a pie no son versados en la materia, para eso están las discusiones públicas entre especialistas y las investigaciones realizadas por los medios. Y si los medios destapan tortas, corrupción o asuntos mal manejados, sobre todo en el ámbito de la salud, bienvenido sea el destape. Estoy de acuerdo que a veces se abusa, sobre todo porque un cierto periodismo lo que busca es el escándalo, el drama, la nota roja, la noticia teatralizada, en suma, el sensacionalismo sin análisis alguno. Pero es peor un periodismo complaciente con funcionarios e instituciones, que ayuda a cubrir la realidad, a disimular los errores, porque responde más al volumen de la facturación por la publicidad institucional que a los intereses de la mayoría ciudadana.

Durante mucho tiempo la transparencia y la rendición de cuentas no han pasado de ser, en la gran mayoría de los casos, pura palabrería institucional; pero hoy son demandas sentidas de la ciudadanía. Los funcionarios y políticos que no lo entiendan, como sucedió con algunos diputados y diputadas el 1 de mayo, están fuera de este mundo.

Son nombramientos políticos

A qué viene eso de horrorizarse de que la política intervenga en los nombramientos que hace la Asamblea Legislativa. Si alguna vez no fue así, por favor que alguien me recuerde esa dorada época.

Hasta donde recuerdo, la política partidista ha estado presente en los nombramientos de magistrados, contralores y subcontralores, y, desde hace más de una década, de defensores y defensores adjuntos de los habitantes. Lo que ocurre es que los tiempos han cambiado y ahora resulta difícil ocultar el trasfondo político de las designaciones. Antes, sin negar la honorabilidad y preparación de muchas y muchos de los escogidos, los nombramientos se manejaban por debajo, de acuerdo a cuotas. Se valoraban los méritos, pero, en general, la simpatía o militancia política terminaba imponiéndose.

Sobre todo en los tiempos del bipartidismo, se procuraba mantener un equilibrio que les asegurara a ambos partidos que sus intereses no iban a ser inquietados más allá de ciertos límites, por funcionarios con independencia política y calidades morales a prueba de presiones. Solamente unos pocos escapaban a ese tipo de cálculo y eran nombrados por méritos, más allá de sus simpatías o preferencias partidarias. A veces eso ocurría porque los nombramientos se empantanaban y la única forma de acabar con el atasco era la designación de personas que ni siquiera se mencionaban como candidatas al cargo.

En la última década, sin embargo, en la debacle del bipartidismo y el tránsito hacia otro arreglo partidario, el equilibrio se rompió y algunos gobernantes y partidos sucumbieron a la tentación del control total, sobre todo después de que la Sala Constitucional, por incapacidad de la Asamblea Legislativa, terminó resolviendo asuntos que en sentido estricto correspondían a esta. Se abusó y por eso ahora todos los partidos manejan con pinzas los nombramientos, procurando de alguna manera restablecer el equilibrio perdido en otro nivel, como corresponde a un sistema de multipartidismo moderado. Eso cuesta entenderlo.

El complicado mecanismo que se usa para establecer ternas, parecido al que se utiliza para nombrar profesores universitarios, de poco ha servido, porque al final quien tiene los votos es escogido. Ha servido, eso sí, para obligar a las personas que buscan una designación a recorrer un penoso camino, yendo de una a otra oficina de diputados, e incluso transitando por otros pasadizos no tan visibles al público, en la promoción de sus candidaturas.

Pero los tiempos han cambiado. El bipartidismo no existe y la negociación parlamentaria se ha vuelto muy complicada. Quizás sea el momento para que los partidos reflexionen a fondo y busquen un sistema de nombramientos donde se valoren adecuadamente méritos, la independencia política y, sobre todo, la integridad moral de las personas. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a recuperar la credibilidad en las instituciones, ahora tan maltrecha.

Solo gas

La zona norte del país se ha convertido en una especie de territorio en disputa. No se ha terminado de cerrar los capítulos de Crucitas e Isla Calero, cuando nos cae este nuevo enredo de la explotación de gas y de petróleo.

Ahora resulta que el gobierno de Rodríguez adjudicó en marzo de 2000 una licitación a la empresa estadounidense Mallon Oil Company, para explorar y explotar hidrocarburos en las planicies de San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Seis bloques en tres provincias: casi nada.

Calladito se lo tenían. Diez años de tramitaciones y de pronto, ¡plaf!, el asunto nos estalla en las narices. Ahora la empresa anuncia que está lista para firmar la contratación y advirtió a la administración de Laura Chinchilla que, de no hacerlo, el país podría sufrir serias consecuencias económicas y legales. Y de paso recordó que el reclamo tiene amparo tanto en la legislación costarricense como en el TLC.

En vista de tales amenazas, en el MINAET se informó que se afinan los últimos detalles para firmar una concesión de 20 años con la compañía estadounidense. Interrogado sobre el asunto en un medio radial, el primer vicepresidente Alfio Piva expresó su desconocimiento y la Presidenta Chinchilla dijo, tras enterarse de la existencia del contrato, que abogaba por la exploración y explotación de gas natural, pero no de petróleo.

En fin, que por culpa de las ambigüedades, las medias tintas y las inconsistencias en materia de defensa del ambiente y de sustento real de la idea de un país verde, nuevamente estamos de cara a un conflicto interno y una demanda internacional, que se uniría a la que ya enfrentamos con la petrolera Harken Corporation.

No podemos seguir jugando con dos caras. Si queremos un país verde, dispuesto a alcanzar la meta de carbono neutral, debemos decir no de una vez por todas, a la cantidad y diversidad de agresiones a la naturaleza que se realizan con y sin autorización pública, de extensas zonas del país: bosques, praderas, humedales, ríos, cuencas hidrográficas y zonas costeras. No solamente con explotaciones turísticas, mineras y de otros recursos naturales, sino también con una ampliación desordenada e irresponsable de las zonas urbanas, con carencias serias en servicios básicos, entre ellos un transporte público limpio y eficiente.

Por supuesto que el país, el gobierno central y las instituciones públicas necesitan generar ingresos que no se obtienen solamente contemplando la naturaleza. Pero es posible encontrar formas de hacerlo sin violentar el ambiente, como el turismo ecológico. Dinero rápido sin importar el cómo nos llevará a la ruina como nación.

En su reciente visita al país el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, dijo que “Costa Rica es héroe en la protección de la naturaleza.” Los aplausos que recibió no alcanzan para tapar esta doble realidad.

Con que solo gas, ¿eh?

Honduras: ¿pasar la página?

Con el regreso de Mel Zelaya y la readmisión en la OEA, aparentemente se cierra la página abierta en Honduras en junio de 2009. Pero las cosas no son tan sencillas. Casi dos años después del golpe que tumbó a Zelaya y sumió a la sociedad hondureña en otra era de oscuridad, su retorno es un reconocimiento explícito de que el rompimiento del orden constitucional obedecía simplemente a la protección de los intereses de las elites económicas y políticas de ese país, que se sentían amenazadas por algunas de las medidas tomadas por el entonces presidente.

¿Dónde quedaron los procesos judiciales y las declaraciones de jueces, políticos, periodistas y empresarios, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque si la situación era tan terrible como la pintaban, la resistencia popular no habría podido sobrevivir en medio de tanta represión, ni el Presidente Lobo se hubiera sentido presionado a buscar un acuerdo que abriera el camino a un proceso de reconciliación nacional.

Pero la página no puede cerrarse con olvido de lo sucedido a partir del golpe, es decir, de los asesinatos de opositores al régimen golpista de Micheletti y las innumerables violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles ocurridas en estos dos años. Tampoco la comunidad internacional, en especial América Latina, puede olvidar que el golpe significó un serio retroceso para el desarrollo de la institucionalidad democrática en la región.

El Acuerdo de Cartagena de Indias, del 22 de mayo de 2011, constituye un paso significativo en la búsqueda de una salida a la crisis política hondureña, pero, ¿qué pasa con las personas que sufrieron la represión, la muerte y el exilio? No se establecen mecanismos efectivos para la investigación de los casos, la sanción y la adecuada reparación. La reconciliación de la sociedad hondureña no podrá ocurrir si no se llama a cuentas a quienes instigaron y consumaron el golpe, y a quienes han asesinado y violado derechos humanos en estos dos años. Pero, ¿cómo hacerlo si se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado?

Se cierra una página a medias, pero se abre otra, porque uno de los acuerdos permite al Frente Nacional de Resistencia Popular solicitar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de participar como partido en los procesos electorales. Dicha participación seguramente mostrará la profundidad de los cambios políticos ocurridos en ese país, incluyendo la decadencia del binomio Partido Liberal y Partido Nacional.

Pero como los retrógrados grupos empresariales y políticos que instigaron y perpetraron el golpe siguen más o menos saludables, están lejos de desaparecer los amenazantes nubarrones sobre el horizonte de la democracia hondureña, que no termina de consolidarse.