Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica han hecho un llamado a la candidata y los candidatos presidenciales, para que suscriban un pacto ético-electoral (http://arquisanjose.org/ver2/index.php?sec=documentos.php&sec3=&id=28). En pasadas campañas otros grupos han impulsado iniciativas similares, que en general no pasan de ser un listado de buenas intenciones, cuya firma compromete a poco.
Sin embargo, esta iniciativa hay que valorarla con cuidado. Sin duda la mayoría de los costarricenses estará de acuerdo con que el proceso electoral se caracterice por el debate, la discusión de las ideas y no por los ataques o las injurias. Asimismo con que se presenten planes de gobierno que permitan evaluar claramente lo que los partidos se proponen realizar desde la presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y las municipalidades, en caso de salir triunfantes en los comicios de febrero de 2010.
De igual forma, la mayoría ciudadana concordará en que la propaganda no debe ser maniquea ni tampoco manipuladora de sentimientos que puedan llevar a conductas inadecuadas. La ciudadanía está esperando que la candidata y los candidatos, desde sus posiciones diversas, lancen mensajes de contenido, porque lo demanda la difícil situación que atraviesa el país en un contexto de crisis interna e internacional. No quiere simples golpes de efecto, ni tampoco propaganda vacía, ni “spots” de televisión al estilo de las campañas comerciales.
Todo eso está contenido en el llamado de los obispos; sin embargo, en su mensaje se cuelan, inevitablemente, las posiciones de la Iglesia Católica en torno a la salud sexual y reproductiva, incluyendo por supuesto el aborto. Hay una descalificación y una condena abierta para los grupos de presión, personas diversas y sectores de la sociedad civil, que según ellos, “…apoyados, no pocas veces, por capitales extranjeros y con la cooperación de algunos medios de comunicación locales, el propio Ministerio de Salud, e incluso, varios diputados y diputadas de la República, han promovido legislaciones contrarias a la vida, antirreligiosas y específicamente anticristianas, que contribuyen a difundir una mentalidad antinatalista mal entendida como “derecho humano”, como signo de progreso y de conquista de libertad, además de una visión equívoca sobre el matrimonio y la familia.”
En el documento, por supuesto, hay una condena contra el intento de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que según los obispos, persigue otorgarles los mismos derechos del matrimonio.
No lo dicen directamente, pero en el documento hay llamado a no apoyar a partidos y candidatos que no suscriban sus valores señalados: “Ante este hecho, instamos a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los cristianos, a consultar y examinar a fondo los contenidos sobre matrimonio, familia y vida humana en los distintos programas de gobierno de los aspirantes a la Presidencia de la República y de quienes anhelan una curul en el Congreso u otro cargo público.” Y más adelante indican: “Les recordamos a los ciudadanos que confiesan nuestra fe que la identidad del católico no es un dato marginal que se diluye en el ejercicio de la ciudadanía, por lo que, consecuentemente, nos obliga a asumir que la fe cristiana tiene implicaciones ineludibles en el terreno de la moral política y social.”
El documento bordea peligrosamente los límites establecidos por el artículo 28 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente hacer propaganda política a los clérigos o seglares, “…invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.” Junto con las manifestaciones de los obispos Ulloa y Barrantes en torno al intento de reformas de los artículos 75 y 194 de la Constitución, este documento pareciera estar marcando un camino azaroso de inconveniente y explosiva combinación de religión y política.
Esperamos que esta vez las personas que aspiran a la presidencia de la República no caigan en el oportunismo, suscribiendo un documento que mezcla el análisis social y político con posiciones religiosas, aprovechando la coyuntura electoral. No se pueden imponer valores al conjunto de la sociedad sin que medie la abierta y sana discusión política.
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