Rumbo

Con frecuencia escuchamos la aseveración: "Este gobierno no tiene rumbo". Se usó mucho para enjuiciar el gobierno anterior y se está usando bastante para hacer lo mismo con el actual. Pero los gobiernos siempre tienen rumbo. Lo que ocurre es que unos lo declaran abiertamente o realizan acciones que no dejan dudas sobre el destino que buscan y otros no. Por ejemplo, la lucha abierta dada por Oscar Arias a favor del TLC y su constante prédica por la privatización de algunas de las empresas estatales, indicaba claramente el rumbo que seguía su administración.

El gobierno de Chinchilla no siguió un camino diferente; aunque daba la impresión de que no había logrado definir claramente sus contornos, al final de cuentas siguió en lo fundamental el rumbo marcado por su predecesor. Es decir, que rumbo siempre tuvo, sobre todo en materia de política económica, en los intentos de atracción de la inversión externa y en la política comercial. Que nos guste o no el derrotero seguido es otra cosa.

¿Cuál es el rumbo del gobierno de Luis Guillermo Solís? Antes de intentar responder a la pregunta es conveniente recordar que es el primero electo por un partido que nunca había ganado unas elecciones; que lo fue en segunda ronda, con la mayor cantidad de votos obtenida por candidato alguno en la historia del país, pero con un número de diputados en la Asamblea Legislativa que no alcanza siquiera para constituirse en primera minoría. Además, que su gabinete está integrado básicamente por personas competentes en sus campos profesionales, pero sin experiencia en el manejo de las instituciones del estado costarricense. Instituciones que, además de ser complicadas,  cargan, buena parte de ellas, con las inercias de un pasado de ineficiencia y corrupción. Obligatoriamente, entonces, debían pasar por un período de aprendizaje, de afianzamiento en sus mandos y de desarrollo de capacidades de manejo político. Ese período, ciertamente, está finalizando.

A inicios de la semana anterior fue dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, con antelación a la fecha prevista, colocado, seguro intencionalmente, en medio de la discusión sobre el presupuesto para el 2015. La pregunta que salta es si esa discusión debe darse solamente en términos de ingresos, egresos y déficit --como se ha venido haciendo--, o si debe incluir también el examen de lo que se intenta hacer desde el gobierno según dicho Plan. Se dirá que el papel aguanta lo que le pongan y que, además, la planificación en Costa Rica es puramente indicativa. En otras palabras, que nadie puede asegurar que se va a cumplir lo que ahí se estipula, a pesar de que se señalan metas e indicadores de cumplimiento.

Pero lo cierto es que el Plan está marcando un rumbo que, independientemente de lo que pensemos sobre su pertinencia, no se debería ignorar en la discusión sobre el principal instrumento financiero que permite el accionar gubernamental.

Estado laico

El carácter confesional del Estado costarricense no aparece, como creen algunas personas, con la Constitución de 1949. Es bueno recordar que ya en el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, del 1 de diciembre de 1821, en el artículo 3 se dice lo siguiente: "La religión de la Provincia es y será siempre la Católica, Apostólica, Romana, como única verdadera, con exclusión de cualquiera otra". La intolerancia explícita seguramente se explica como resabio del período colonial.

A lo largo del tiempo esa declaración, con reformas, se fue repitiendo. En la Constitución de raigambre liberal de 1871, considerada la base de nuestro ordenamiento republicano, en el artículo 51 se señala que "La Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la República; el Gobierno la protege y no contribuye con sus rentas a los gastos de otros cultos, cuyo ejercicio sin embargo tolera". Empero, dicho precepto constitucional no fue un obstáculo para la expulsión en del obispo Thiel, la prohibición de las órdenes religiosas, la expulsión de los jesuitas y la secularización de los cementerios. En otras palabras, para la promulgación de las llamadas leyes anticlericales.

Las relaciones entre los gobiernos y la iglesia católica se han movido en una especie de subibaja, con períodos de mayor o menor distanciamiento. En general los gobernantes han manejado el asunto con discreción, hasta el gobierno de Laura Chinchilla, que favoreció el inicio de una etapa de agresiva presencia del conservadurismo religioso en el plano de lo público, protagonizada tanto por la jerarquía católica como por las iglesias cristianas fundamentalistas, que han avanzado en su representación legislativa. Juntos se han embarcado en una verdadera cruzada contra la discusión y toma de decisiones en asuntos como las uniones de personas del mismo sexo, el contenido de los programas de educación sexual, el uso del condón, la anticoncepción de emergencia y, por supuesto, la fecundación in vitro, a pesar de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta situación ha colocado nuevamente en la agenda la necesidad de la laicización del Estado, aunque no es seguro que un paso en esa dirección facilite la discusión de dichos temas. También dentro de este marco hay que colocar la discusión en torno a la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, dado su supuesto carácter de clérigo luterano. Pese a la resolución de la Sala Constitucional, me parece que la discusión continuará por lo que algunos han señalado como discriminación contra los católicos, y también porque la presencia de Jiménez en el ministerio más importante, independientemente si es religioso o no, inquieta a otros por su pasado de activista contra las políticas neoliberales y por su oposición al TLC. Y a los conservadores religiosos, por su posición aparentemente favorable a los llamados derechos sexuales y reproductivos.

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Día de la democracia

No deja de ser paradójico que la conmemoración anual del 7 de noviembre como día de la democracia fuera instaurada en 1942, seis años antes de que ocurriera una corta pero sangrienta guerra civil cuyo principal móvil, se dice, fue la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero así es la vida en sociedad, llena de paradojas.

No está mal dedicar un día al año a la reflexión sobre la democracia, siempre y cuando no se centre solamente alrededor de las elecciones periódicas para elegir autoridades. Porque si bien es cierto que el voto popular es un componente esencial de la democracia, no es el único; debe ir acompañado de un conjunto de libertades ciudadanas que garanticen la libre circulación de las ideas y una deliberación pública amplia.

Libertades civiles, deliberación pública, tolerancia y respeto extendidos y, por supuesto, elecciones periódicas, son los ingredientes básicos para definir un régimen y una sociedad como democráticos. Pero no se trata solamente de la existencia de libertades y derechos definidos en constituciones y leyes, sino también de posibilidades reales de ejercerlos y exigirlos. En otras palabras, que las diferencias económicas y sociales no deberían ser pronunciadas, a fin de evitar influencias incontestables sobre el poder político y, por tanto, la presencia de ciudadanías de segunda y tercera clase.

Esta celebración del día de la democracia nos ha pillado en medio de un aumento significativo de la pobreza, según lo indican los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de julio de este año, realizada por el INEC: 32.727 hogares desmejoraron sus condiciones de ingreso y cayeron por debajo de lo que se denomina "línea de pobreza". En total, el número de hogares en esta situación es de 318.810. La pobreza, entonces, según estas cifras, afecta a 1.170.634 personas, es decir, prácticamente a la cuarta parte de la población del país (24,6%). Pero estas son estimaciones relativamente conservadoras, que no toman en cuenta a las personas que están ligeramente por encima de la línea indicada, y que, por tanto, tienen iguales carencias y pasan por similares penurias que aquellas oficialmente declaradas como pobres.

Malas noticias: ha aumentado la pobreza y la desigualdad se mantiene elevada. El 20% de la población mejor situada económicamente concentra la mitad del total de los ingresos de los hogares en el ámbito nacional; mientras que el 20% más pobre, se debe contentar con un 4%. En otras palabras, que el 20% de la población se esta engullendo un trozo del pastel de los ingresos 18 veces más grande que el que recibe el 20% más pobre.

El país más feliz del mundo, según ciertas cuestionadas mediciones, sigue mostrando una cara que muchos no quieren ver, que permanece semi oculta en áreas segregadas del valle central y en las zonas periféricas del país. Pero ahí está, recordándonos que como sociedad no hemos hecho bien la tarea.

Celebrar la democracia, pero...

A la altura

Ante la ausencia de estudios concluyentes sobre las motivaciones profundas del comportamiento ciudadano durante el proceso electoral pasado, tenemos que movernos todavía en el campo de las hipótesis. No en el de ideas descabelladas o antojadizas sobre lo sucedido, porque algunas de las encuestas realizadas entre febrero y abril, arrojan información útil y no pocas pistas a seguir por estudios detallados. En particular han sido muy útiles las encuestas telefónicas realizadas por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, de la Universidad de Costa Rica.

Sigue dando vuelta la hipótesis de una transformación en la forma de relacionarse ciudadanas y ciudadanos con partidos políticos, con los políticos y con la institucionalidad pública. Un cambio que va más allá del apoyo masivo que recibió Luis Guillermo Solís en la cita del 6 de abril y del mayor o menor caudal político que disponga ahora, casi seis meses después del inicio de su gobierno. Porque no es solamente un cambio momentáneo en las preferencias partidarias, originado en el pésimo desempeño del candidato del PLN, que podría revertirse fácilmente en las próximas elecciones, como ocurría en el pasado, en los tiempos del bipartidismo. Quienes así están pensando han quedado atorados en las redes de otras épocas.

Si la hipótesis de un cambio en la cultura política se mantiene y llega a probarse, estaríamos frente a un ejercicio de la ciudadanía diferente, más informado, más activo, menos comprometido con divisas partidarias y herencias del pasado, con demandas claras en torno al eficiente funcionamiento de las instituciones, de responsabilidad de los políticos, de transparencia en el ejercicio de la función pública y de compromiso en el combate frontal a la corrupción. Una ciudadanía difícil de movilizar con los discursos retóricos y vacíos del pasado que, sin embargo, algunos todavía siguen repitiendo en la Asamblea Legislativa.

Con ese escenario de fondo lo deseable sería un "aggiornamento" de la clase política, es decir una  renovación de cuadros y perspectivas dentro de todos los actores que se mueven en el espacio político, incluyendo organizaciones gremiales y empresariales. Me temo que eso no está ocurriendo,   y que la mayoría de dichos actores sigue sin comprender que la historia varió y que las exigencias del presente no pueden satisfacerse con viejas fórmulas. Atrapados en la coyuntura, en lo que hace o no hace el gobierno y en cómo resguardar los intereses particulares, se pierde de vista la nueva realidad social y política que se está conformando. En suma, no están a la altura de los acontecimientos.

Nada mal les haría lanzar miradas hacia el sur del continente, donde se han electo y reelecto gobiernos que buscan armonizar los mercados con estados reconstituidos y nuevas políticas en el plano social, en lo que se ha dado en llamar sociedades postneoliberales. Pero explicar sus alcances será tema de otro comentario.