Cuando las
interpretaciones sobre un principio terminan estableciendo la confusión
generalizada, conviene regresar a las fuentes en busca de claridad. Este parece
ser el caso de la actual discusión sobre la reelección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
Si se revisan
las actas de la Asamblea Constituyente donde se trató el asunto, nos
encontramos con que el grupo socialdemócrata (que fue uno de los orígenes del
PLN), comandado por Rodrigo Facio, propuso el modelo estadounidense de
nombramiento vitalicio de los magistrados. Perdieron la propuesta y en su lugar
se adoptó en lo fundamental el texto actual de la Constitución. Pero la
intención del conjunto era dar seguridades para la independencia de la Corte y
de los magistrados. El filtro de los ocho años se estableció para el caso en
que algunos resultaran incompetentes en sus funciones, pero la idea era que
quienes las cumplieran a cabalidad siguieran adelante hasta que se retiraran o
se murieran. Lo único que se exigía era la excelencia en el desempeño del
cargo.
En tiempos del bipartidismo ese principio no se cuestionó. Los nombramientos se hacían en consulta entre las dos fuerzas políticas dominantes. Pocas personas que no estuvieran dentro de este esquema podían acceder a los cargos. Pese a ello, se puede decir que la mayoría de las selecciones fueron apropiadas, dichosamente. Pero hoy tenemos una gran dispersión de fuerzas políticas, y ponerse de acuerdo sobre un nombre cuesta mucho. De ahí que el último nombramiento para la Sala se demoró más de un año.
Por otra parte,
desde el momento en que las mayorías desaparecieron de la Asamblea Legislativa,
y los asuntos que no podían resolverse empezaron a ser enviados a la Sala
Constitucional, su composición política se volvió un asunto de la mayor
importancia. Dependiendo de dicha composición, podría esperarse resoluciones en
uno u otro sentido. Recuérdese lo que pasó con la reelección presidencial,
primero rechazada y luego aprobada, después de un cambio en la integración de
la Sala.
Hoy en día hay
asuntos que resolver que importan a ciertas fuerzas políticas y económicas,
independientemente de los intereses generales del país. Así que no resulta
extraño que ese sea el fondo de la no reelección de Fernando Cruz, impulsada
por la bancada del PLN con el pretexto de “decisiones macropolíticas”, que
nadie sabe lo que significan.
Por supuesto que se necesita revisar las funciones de la Sala y proponer las reformas que mejor convengan. Pero esa es una tarea que la Asamblea no ha abordado por razones que las diferentes fracciones partidarias sabrán explicar. Tratar de justificar la no reelección por la necesidad de reformas, no solamente no es creíble sino que es absolutamente ridículo.
Por ahora
Fernando Cruz sigue en su cargo, y es deseable que continúe por ocho años más,
porque los tiempos que vienen son difíciles y se necesitan magistrados como él
en la Sala Constitucional.