¿Se debe ir un funcionario cuestionado?

Este es un país en donde la palabra renuncia o dimisión fue suprimida del lenguaje de políticos y funcionarios. Simplemente no existe.

Si miramos hacia otras latitudes, veremos que en muchos casos la dimisión se impone ante un cuestionamiento fundado sobre las actuaciones de un funcionario, una pérdida de confianza extendida de la ciudadanía, y un error en la conducción de un asunto o de una institución pública. Por supuesto que también veremos mandatarios y jerarcas aferrados a sus cargos, como en Egipto o en Italia, para citar solamente dos casos de actualidad.

En Costa Rica la regla general es la “no renuncia”, no importa el grado de cuestionamiento sufrido o el tamaño de la “torta” que haya hecho un funcionario o una funcionaria. Como dice uno de los personajes de “El Rey que rabió”, la zarzuela cómica de Ramos Carrión, Aza y Chapí, “Hagamos, todo, todo...¡menos dimisión!”

Los partidos políticos en el gobierno tienden a proteger los funcionarios que les son afectos, a capa y espada, sin valorar adecuadamente el caso ni el daño institucional que podría provocar la permanencia en el cargo. No se valora tampoco el impacto en el propio partido político. Pero también muchas veces el grueso de la ciudadanía se muestra indulgente, por ignorancia y falta de información o de conciencia, sobre la gravedad de los hechos. Lo de pobrecito o pobrecita funciona en muchos casos, y la gente se queda en los cargos tan campante, sin ninguna o escasa sanción.

En estas semanas dos importantes funcionarios del gobierno y del Poder Judicial han sido cuestionados en cuanto a su independencia política: la Procuradora General de la República y el Fiscal General. Ambos casos están relacionados con llamadas telefónicas hechas o recibidas, de los mismos personajes políticos, que podrían haber tenido consecuencias en decisiones institucionales trascendentes. Los casos están siendo examinados en la Inspección Judicial y en la Asamblea Legislativa, a pesar de las presiones políticas que se ejercieron sobre esta última para que no se conformara la comisión especial investigadora.

¿Deben abandonar sus cargos por decisión propia? Ambos han anunciado que no lo harán, a pesar de que han perdido credibilidad para un sector de la ciudadanía, el más consciente de lo que sucede en el país, y de que su espacio político se ha erosionado. Es decir, que la desconfianza o la sospecha pueden haber nublado significativamente sus relaciones con los partidos de oposición y con grupos de la sociedad civil.

Por supuesto que en todo este caso están en juego intereses partidistas; también carreras o futuros político profesionales y, sin duda, egos. Igualmente habría que tomar en cuenta la sostenibilidad a largo y a mediano plazo de la institucionalidad democrática. Se trata de cargos e instituciones que, parafraseando a Cayo Julio César, no solamente deben ser independientes, sino también parecerlo.