Aprendizajes que cuestan muy caro

En la comisión especial legislativa que estudia las concesiones otorgadas por el Estado costarricense, la Contralora General de la República, Rocío Aguilar, afirmó que en este tema “todos estamos aprendiendo”. Una afirmación poco feliz, sobre todo proviniendo de una persona que ocupó la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, de mayo de 2002 a junio de 2005.

Puesto que el Consejo tiene más de diez años de existencia, es de suponer que algún aprendizaje se hubiera adquirido y acumulado. No es posible que después de este tiempo se diga tranquilamente que todavía estamos aprendiendo, porque están comprometidos servicios necesarios y dineros públicos en grandes cantidades. Si la afirmación es cierta, entonces el tiempo ha pasado en vano y estamos como empezando, dispuestos a seguir cometiendo, como principiantes, los mismos errores.


Durante años se ha afirmado que la única forma de realizar estas obras es mediante la concesión, porque el Estado carece de fondos y capacidad para realizarlas y administrarlas adecuadamente. Esta afirmación tiene mucho de la ideología predominante en las últimas décadas, que se resume en aquello de “menos Estado y más mercado”. Ideología que ha justificado la entrega de porciones del Estado a la explotación privada, sin mayores discusiones, sobre todo en otros países.

Se alega falta de financiamiento; pero, ¿cuánto habrá invertido el Estado costarricense en poner en operación el mecanismo de concesión de obra? ¿Cuánto del financiamiento de los concesionarios ha provenido de los bancos estatales? Y, ¿cuánto han costado los atrasos y las tortas? Algo de aprendizaje tendría que habernos dejado toda esta historia.

Me pregunto si uno de los obstáculos para la acumulación de aprendizaje es la integración del Consejo. Es un organismo muy político, compuesto por tres ministros, el Presidente Ejecutivo del Banco Central y tres representantes de instancias interesadas de la sociedad civil. Es por tanto una instancia sujeta a las variaciones de la política nacional y a los juegos de intereses que se mueven alrededor de ella. No solamente cambia cada cuatro años, sino que dentro del mismo período presidencial ministros van y vienen, cada uno con sus propias ideas sobre lo que se debe hacer.

En otro aparte de su intervención, la Contralora puso en duda la capacidad del Consejo para supervisar, fiscalizar y controlar estos contratos. Aviados estamos entonces. Y en esas condiciones se pretende entregar en concesión los muelles de Limón y Moín.

Para buena parte de la ciudadanía, concesión de obra es sinónimo de carretera a Caldera. Es decir, de improvisación, ineficiencia, pérdida de derechos para muchos de quienes viven en las inmediaciones de la carretera, peligro y quizás chorizo. Antes de pensar en nuevas concesiones habría que aclarar el panorama.

¿Se debe ir un funcionario cuestionado?

Este es un país en donde la palabra renuncia o dimisión fue suprimida del lenguaje de políticos y funcionarios. Simplemente no existe.

Si miramos hacia otras latitudes, veremos que en muchos casos la dimisión se impone ante un cuestionamiento fundado sobre las actuaciones de un funcionario, una pérdida de confianza extendida de la ciudadanía, y un error en la conducción de un asunto o de una institución pública. Por supuesto que también veremos mandatarios y jerarcas aferrados a sus cargos, como en Egipto o en Italia, para citar solamente dos casos de actualidad.

En Costa Rica la regla general es la “no renuncia”, no importa el grado de cuestionamiento sufrido o el tamaño de la “torta” que haya hecho un funcionario o una funcionaria. Como dice uno de los personajes de “El Rey que rabió”, la zarzuela cómica de Ramos Carrión, Aza y Chapí, “Hagamos, todo, todo...¡menos dimisión!”

Los partidos políticos en el gobierno tienden a proteger los funcionarios que les son afectos, a capa y espada, sin valorar adecuadamente el caso ni el daño institucional que podría provocar la permanencia en el cargo. No se valora tampoco el impacto en el propio partido político. Pero también muchas veces el grueso de la ciudadanía se muestra indulgente, por ignorancia y falta de información o de conciencia, sobre la gravedad de los hechos. Lo de pobrecito o pobrecita funciona en muchos casos, y la gente se queda en los cargos tan campante, sin ninguna o escasa sanción.

En estas semanas dos importantes funcionarios del gobierno y del Poder Judicial han sido cuestionados en cuanto a su independencia política: la Procuradora General de la República y el Fiscal General. Ambos casos están relacionados con llamadas telefónicas hechas o recibidas, de los mismos personajes políticos, que podrían haber tenido consecuencias en decisiones institucionales trascendentes. Los casos están siendo examinados en la Inspección Judicial y en la Asamblea Legislativa, a pesar de las presiones políticas que se ejercieron sobre esta última para que no se conformara la comisión especial investigadora.

¿Deben abandonar sus cargos por decisión propia? Ambos han anunciado que no lo harán, a pesar de que han perdido credibilidad para un sector de la ciudadanía, el más consciente de lo que sucede en el país, y de que su espacio político se ha erosionado. Es decir, que la desconfianza o la sospecha pueden haber nublado significativamente sus relaciones con los partidos de oposición y con grupos de la sociedad civil.

Por supuesto que en todo este caso están en juego intereses partidistas; también carreras o futuros político profesionales y, sin duda, egos. Igualmente habría que tomar en cuenta la sostenibilidad a largo y a mediano plazo de la institucionalidad democrática. Se trata de cargos e instituciones que, parafraseando a Cayo Julio César, no solamente deben ser independientes, sino también parecerlo.

Al andar se hace camino

Tal y como lo indica Antonio Machado en su célebre poema, en la vida “…se hace camino al andar.” Pero también en la política.

Ahora que se ha empezado a hablar sobre la necesidad de una gran coalición política para derrotar al Partido Liberación Nacional en las elecciones de 2014, posiblemente encabezado por Rodrigo Arias, los partidos de oposición deberían reflexionar sobre sus posibilidades reales de caminar juntos desde ahora.

Derrotar al PLN sin más no es un objetivo político válido, ni constituye un elemento movilizador suficientemente fuerte para llamar la atención de buena parte del electorado. Se necesita más, mucho más.

¿Qué saldría de una coalición de socios tan desiguales? ¿Algo mejor que lo que se pretende combatir? Tengo mis serias dudas.

Sin embargo, hay una oportunidad para explorar posibilidades de ir más allá de las estériles discusiones sobre candidaturas y cuotas de poder, que es generalmente la forma en que se empiezan a discutir estas cosas. En efecto, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa da pie para una acción conjunta que muestre a la ciudadanía una voluntad de caminar juntos pero con propuestas que rebasen el nivel de la protesta. La oposición no está ahí solamente para marcar, usando un término futbolístico, al gobierno. También se espera que proponga y busque alternativas a lo que presente el gobierno y la fracción liberacionista.

La oposición ha ganado un pulso importante con la conformación de la comisión investigadora de todo lo relacionado con las llamadas y las consultorías del BCIE, pero estamos hablando de hacer algo más. En ese sentido me parece que la discusión sobre reforma tributaria es la gran oportunidad para mostrar que se está pensando en el futuro del país, con vocación de gobierno, porque ganar elecciones y llegar a controlar al ejecutivo y el conjunto institucional sin recursos frescos y abundantes, puede ser un entierro.

Eso por una parte. Por la otra, una coalición solamente tiene sentido si se tiene un programa mínimo que goce del apoyo sostenido de los partidos participantes, asunto de por sí difícil dadas las diferencias existentes en enfoques y puntos de vista. Eso se podría lograr parcialmente en una mesa de negociaciones, pero también será en mucho el resultado de un trabajo conjunto previo en la Asamblea Legislativa. Pensar en el 2014 soslayando el examen de lo que se es hoy, de la fragmentación existente y de la forma en que se están afrontando los retos y las tareas, puede ser un ejercicio inútil.

El antiliberacionismo o antirodrigismo no es suficiente para mover al electorado.

Retrato de familia

En política importan no solamente las palabras. Lo que se dice, cómo se dice, en qué lugar se dice, con ocasión de qué se dice y en compañía de quién se dice. Todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta cuando se analiza un discurso o unas declaraciones. La mayor parte de las veces, es cierto, solamente nos quedamos con un retazo: parte de las palabras y uno que otro gesto. Lo demás se pierde o no le damos importancia.

El escándalo de las llamadas telefónicas destapado en los últimos días ha dado pie a múltiples declaraciones, explicaciones e interpretaciones. Si se debieron haber hecho o no; si se trata de una intromisión inconveniente para la salud del poder judicial, si simplemente fueron solicitudes de información o si se cometió una falta que debe ser sancionada. Esperamos que todo eso se aclare en las próximas semanas.

Nos interesa aquí destacar lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el martes anterior, en la conferencia de prensa brindada por Rodrigo Arias para dar a conocer su versión de lo sucedido. El escenario y la puesta en escena parecen estar destinados a enviar varios mensajes a diferentes interlocutores, más allá de lo que ahí se dijo. A los medios de comunicación, a sus detractores, al Partido Liberación, a los posibles contendientes en la convención interna, a los partidos de oposición y a la Presidenta de la República.

El mensaje que acompaña a las palabras me parece claro: “…yo encarno al Partido Liberación Nacional y hoy por hoy el poder soy yo”. No es por casualidad que la conferencia de prensa se realizara en la Asamblea, y en ella apareciera rodeado de la mayoría de los diputados y diputadas de su fracción.

La fotografía de esa conferencia publicada por el diario La Nación es todo un documento etnográfico que seguramente será tomado en cuenta a la hora de hacer la historia política del período. No sabemos si el orden del “retrato de familia” fue cuidadosamente planificado o si surgió espontáneamente. El hecho es que Arias aparece flanqueado por la Jefa de Fracción y por su principal vocero en la Asamblea Legislativa.

A ambos lados y detrás, en actitud escuderil aparecen los demás diputados y diputadas acompañantes. Las expresiones de sus rostros seguramente podrían ser cuidadosamente analizadas por especialistas. ¿Transmiten gravedad, malestar, sorpresa, incomodidad? No lo sé, tampoco lo que podría estar pasando por sus mentes en ese momento. ¿Acaso estaban conscientes del significado y las implicaciones del acto?

El artículo 106 del texto constitucional dice que “Los Diputados tienen ese carácter por la Nación…” Es decir, representan al conjunto de la comunidad política; no a sectores determinados ni a intereses particulares. Los participantes en el “retrato de familia” parecen haber olvidado a quienes realmente se deben.