BAÑO DE REALIDAD NACIONAL

No hay mucho que agregar a los argumentos ya dados a favor de la reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política, a fin de eliminar la confesionalidad del estado costarricense y modificar el juramento constitucional. Como ha sido ampliamente demostrado, la reforma se impone, tiene sentido y no significa ninguna agresión a la religión católica, que todavía sigue siendo la que la mayoría de los costarricenses dice profesar, aunque con tendencia a disminuir. De acuerdo con el estudio "Fe y Creencias" realizado por la firma Demoscopía en los años 1995, 2001 y 2005, el porcentaje de personas que se declararon católicos, bajó del 78,8% en el primero de los años señalados, al 70,1% en el segundo y a 66,2% en el tercero (http://www.demoscopia.co.cr/fe.html). Sin embargo, los católicos que asisten regularmente a los oficios religiosos son un porcentaje mucho menor: según CID-Gallup, solo cinco de cada diez católicos asiste a la iglesia una vez a la semana (http://www.cidgallup.com/Documentos/Boletin%20religion%20en%20Costa%20Rica%20Agosto%2009.pdf).

Otro dato interesante: según un informe suministrado por el Registro Civil a principios de año, de los 25.302 casamientos registrados durante 2008, un total de 19.588 (77,41% del total) se realizaron ante un notario (La Nación, 22 de enero de 2009). Ha ido en aumento también el porcentaje de cristianos no católicos, que la encuesta mencionada de Demoscopía, indica que pasó del 12,2% en 1995 al 19,8% en 2005. En este último año, además, 12,3% de las personas encuestadas dijo no tener ninguna religión, razón por la cual el juramento constitucional debería dar la posibilidad de que estas personas juraran por sus más íntimas creencias y no por Dios, como está establecido.

En otras palabras, que se puede hablar de una tendencia hacia la disminución del peso del catolicismo, un aumento del porcentaje de personas que se declaran cristianos no católicos, y un aumento también, del número de personas sin religión, que hoy podrían superar el medio millón de costarricenses. La sociedad ha cambiado y en este tema, como en muchos otros, dichos cambios deben reflejarse en el ordenamiento jurídico del estado costarricense. No lo consideran así quienes han manifestado su desacuerdo con la propuesta de reforma, y están en su derecho de hacerlo; pero la forma en que lo han hecho es censurable.

Primero el Obispo Ulloa, en su homilía dominical del 6 de setiembre, llama a no votar por candidatos que apoyen la reforma; posteriormente el Arzobispo Barrantes, Presidente de la Conferencia Episcopal, no solamente apoyó a su colega, sino que también la emprendió contra el Presidente de la República, que se manifestó de acuerdo con la reforma del artículo 75. Pero lo que más me impactó, fue la portada del Eco Católico del domingo 13 de setiembre, que muestra las fotografías de las señoras diputadas y señores diputados que manifestaron inicialmente su apoyo a las reformas, sobre fondo rojo y con el titular “Proponen eliminar a DIOS”. Esa portada es una fehaciente muestra de intolerancia que podría llevar a situaciones extremas, en la medida en que está dirigida a despertar la pasión, que ciega a las personas y las hace ver enemigos de la fe donde no los hay, sin atender la mínima argumentación racional. En una especie de regreso al pasado, a tiempos que ni la Iglesia Católica quiere recordar.

Lo paradójico es que ambos prelados insisten en que es en los estados que llaman “ateos”, que no es lo mismo que laicos, donde se comenten los mayores atropellos para las libertades, los derechos humanos, etc. Se les olvidó todos los siglos de inquisición, que cegó vidas e impidió la libre circulación de ideas. Se les olvidó también que muchas de las dictaduras del Siglo XX estuvieron apoyadas por buena parte de las jerarquías de la Iglesia Católica, como la dictadura franquista y algunos regímenes autoritarios de América Latina, hasta recientemente. Incluso hoy en Honduras, a pocos kilómetros de nuestras fronteras, la jerarquía católica, encabezada por el Cardenal Rodríguez, apoya el gobierno de facto. Así que lo confesional o lo laico no nos salva de atentados contra los derechos humanos y de atrocidades.

Es lamentable que ante la salida de los obispos, algunos diputados y diputadas, hayan echado marcha atrás, en una muestra de pusilanimidad y oportunismo. Pero, ¿qué se puede esperar, sobre todo en período electoral? En ese sentido me parece que el “Movimiento por un Estado Laico” no leyó bien la coyuntura y por tanto se precipitó en la presentación del proyecto de reforma. Ciertamente, el momento apropiado para presentarlo, por las reacciones que ha provocado, no existe; siempre se le iba a combatir con todo tipo de armas. Pero el período electoral es el peor para una acción de este tipo, porque la ofensiva contra un político o un partido, puede arrojar menos votos en febrero de 2010.

En todo caso, no será esta Asamblea la que discutirá la reforma. Será en la próxima, así que hay que afinar la estrategia para evitar que la propuesta de reformas a los artículos 75 y 194 sea relegada al último lugar de la agenda y termine siendo sepultada. Los vientos que corren, sin embargo, son pésimos, como lo muestra el campo pagado en La Nación del lunes 14 de setiembre, por las candidatas y candidatos a diputados del PLN: se comprometen a archivar el expediente. Como en otras discusiones recientes, volvemos a recibir un “baño” de realidad nacional.