Estamos a pocas semanas del nombramiento de la persona que encabezará la Defensoría de los Habitantes para un nuevo período de cuatro años. Se trata de un nombramiento importante, pues del desempeño de esta Institución depende en gran medida el respeto por parte de la institucionalidad pública, de los derechos de las y los costarricenses. La sociedad en su conjunto, entonces, debería estar pendiente de este nombramiento.
Ciudadanas y ciudadanos con amplios y reconocidos historiales en la defensa de derechos humanos deberían presentar sus atestados y competir por la designación. Y la Asamblea Legislativa, después de un examen desapasionado de la documentación, debería proceder al nombramiento de quien mejor garantice el cumplimiento de los fines de la Defensoría.
Ciertamente, esa persona no puede ser una “ilustre desconocida”, en un doble sentido. En primer lugar, porque tiene que ser alguien con trayectoria reconocida en el campo de la defensa de los derechos humanos; en segundo lugar, porque debe ejercer lo que se denomina “magistratura de influencia”, para lo que se necesita no solamente estatura moral e intelectual, sino también posibilidades reales de comunicación y relaciones con las instituciones públicas y con las organizaciones y los diversos sectores de la ciudadanía. Puede ser alguien conectado con los partidos y la política, pero con suficientes credenciales de independencia de pensamiento y acción.
En otras palabras, que no puede ser un “yes man” o “yes woman” del poder político establecido, que le vaya a hacer la masa aguada al gobernante de turno, colocando en segundo o tercer lugar lo que es propio del cargo: la defensa de los derechos de la ciudadanía y en general de las y los habitantes del país.
¿Qué pasará en esta ocasión? No lo sabemos a ciencia cierta, pero se dice que hay una diputada de la bancada oficial que ya cuenta con la bendición del Presidente y el apoyo de su fracción y de otros votos del llamado G-38. Si esto es cierto, ¿para qué la mascarada de comisiones especiales para el examen de atestados y elaboración de ternas?
Si los votos están ya amarrados, bien pueden ahorrarse esfuerzo y tiempo otras personas interesadas, y por supuesto la Asamblea Legislativa puede dedicar el período de “examen” y discusión a otros menesteres. ¿Pero qué podemos esperar ciudadanas y ciudadanos de un nombramiento de ese tipo?
Es lamentable que la designación haya entrado dentro del reparto político de cargos, y que algunas señoras y señores diputados, sin interés real en la defensa de derechos, vean en ella la posibilidad de saltar de su curul a otro cargo público que les mantendría visibles políticamente y que también les podría catapultar a otro de mayor importancia en el futuro.
Hasta ahora, a pesar del manoseo político partidista, con excepciones, la Defensoría ha logrado mantener la independencia del poder político, en mucho porque la institucionalidad ha funcionado.
En otras palabras, porque un conjunto de funcionarios y funcionarias que ha permanecido en la institución a lo largo de varios períodos, y que ha interiorizado profundamente la filosofía que hay detrás de su creación, ha marcado un rumbo que en términos generales la mantiene activa en la defensa de los derechos.
Pero este conjunto de personas con “la camiseta bien puesta”, como se dice popularmente, no es eterno y el peligro de una Defensoría acomodada a las exigencias del poder político es real.
